Tres mendocinas nos cuentan cómo se desarrollaron los movimientos sociales que inundaron las calles en defensa del agua. Una visión del “Mendoagüazo” desde diferentes disciplinas.
Por Victoria Navicelli
El 2019 se despidió con un grito agonizante de “agua pura”. El 2020 comenzó con una bocanada de aire que motiva a seguir adelante. Una nueva década empezó y el corazón de Cuyo estuvo en boca del mundo entero. Y no fue para menos: la ley que protege la fuente de vida se vio fuertemente amenazada luego de quedar sin efecto poniendo en riesgo el agua y el ecosistema de Mendoza. Su renacimiento estuvo en manos de la gente que luchó contra los intentos de desarrollar proyectos mineros contaminantes en tierras sanmartinianas.
El movimiento social fue masivo. Miles y miles de familias manifestándose pacíficamente en las calles encadenando toda nuestra América en un solo bramido: ¡el agua no se toca! Con una crisis hídrica provincial en alza (nunca vista en todo el siglo XX) y los efectos del cambio climático en el “living” mendocino, es indispensable escuchar las voces de quienes levantaron la bandera del agua pura y contagiaron con su “agua-nte” la defensa de éste bien común y escaso.
La organización desde las bases
Participó de manera activa en el acampe que se realizó de manera sostenida durante 12 días en un punto neurálgico de la Ruta Nacional 40.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Ley 7722?
Esta ley no es cualquier ley, es “La ley del pueblo”, es el símbolo de una sociedad que desconfía. Es una norma sancionada el 20 de junio de 2007 que fue declarada como constitucional a través del fallo de la Corte Suprema provincial en el año 2015. Tiene su origen en el 2005 cuando comenzaban las luchas contra el modelo extractivista que dio inicio a las asambleas de Mendoza. Las comunidades comenzamos a darnos cuenta de la falta de seriedad y transparencia tanto del sistema político y partidario como de las multinacionales megamineras; y fue así que vimos la necesidad de la creación de una ley que prohíba el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros que pretendan instalarse en Mendoza, para lo cual la 7722 nos brindaría garantías.
La ley 7722 consta de seis artículos. Básicamente, prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros. Además, la norma genera nuevas instancias para aprobar una iniciativa, ya que el artículo tres prevé que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe tener ratificación legislativa. También detalla la necesidad de contar con informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación (DGI), de otros organismos autárquicos, así como una manifestación específica de impacto ambiental sobre el recurso hídrico.
Para dejar en claro el “oscuro panorama” vivido este diciembre de 2019, que probablemente es lo que le da origen a esta nota, quería expresar que la ley General del Ambiente (25.675) establece en su artículo 4º los diez principios a los cuales deberán estar sujetas las normas ambientales. Entre esos principios figura el de progresividad, cuyo objetivo es que la protección de los recursos naturales vaya en un solo sentido. Y siendo la 7722 una ley que protege el agua de Mendoza, cualquier modificación que se plantee deberá ir en el sentido de mayor protección, no en el sentido contrario.
¿Qué rol crees que ocupan las asambleas en la participación ciudadana y en la comprensión de esta situación compleja?
Como lo expresa en su artículo “Mendoza, una ciudad oasis” la Arq. Eliana Bormida “Mendoza representa un caso único en el urbanismo de las zonas áridas. Su sistema de Ciudad Oasis es original, y de tal claridad y excelencia, que asciende a la categoría de modelo, de cabeza de serie.” Esto tiene su origen en presencia de la cultura Huarpe en nuestro territorio que, para proveerse de agua potable y de riego, aprovecharon una antigua rama o brazo del actual Río Mendoza, lo que luego –creemos- fue perfeccionado como sistema de riego por los Incas hasta llegar a ser un desierto habitado por seres empeñados en cultivarlo para subsistir y que llegaron a formar este oasis artificial llamado Mendoza.
“Las comunidades comenzamos a darnos cuenta de la falta de seriedad y transparencia tanto del sistema político y partidario como de las multinacionales megamineras, y fue así que vimos la necesidad de la creación de una ley que prohíba el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros que pretendan instalarse en Mendoza, para lo cual la 7722 nos brindaría garantías”.
“Mendoza es hija del agua” -como lo indican algunos carteles de nuestra lucha- y es por esto que es de suma importancia la participación ciudadana para defender a ultranza el escaso bien común que nos dio origen. Las asambleas fueron surgiendo espontáneamente en cada departamento alrededor del 2.005, año en que se vio amenazada la principal fuente de agua de nuestros territorios, ante la posibilidad de que se instalara en la cordillera un proyecto megaminero que gracias a esta conciencia colectiva de los pobladores del oasis; pudo ser frenado con un amparo que presentó la ONG Oikos, red ambiental.
Estas asambleas, hoy no sólo perduran si no que crecen con cada lucha y están formadas por vecinos con heterogéneas ideologías y es en ello en lo que radica su principal riqueza. En las asambleas nos ponemos de acuerdo en la toma de acciones, nos involucramos, nos formamos y esto además de generar un espacio para la participación ciudadana nos permite tener el poder para organizarnos como pueblo, y de esa manera, cambiar la realidad y evolucionar hacia una sociedad más consciente respecto al cuidado de nuestro hogar, el planeta Tierra.
¿Cuáles son los próximos desafíos de los movimientos sociales y las asambleas?
Los próximos desafíos, teniendo como objetivo la protección de nuestra agua, son : El retiro de los proyectos de modificación de la ley 7722 presentados por Agulles, Abraham y Camiolo en 2018 y por Guerra en 2019, el tratamiento y sanción del proyecto de ley de creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas el cual preservará toda la cuenca del Río Mendoza, el rechazo del proyecto minero San Jorge que no tiene licencia social, que la legislatura trate y sancione el proyecto de ley presentado hace 20 meses para declarar a Mendoza Libre de Fracking y que se respeten las ordenanzas municipales en este sentido, la eliminación de programas de desarrollo minero metalífero y de hidrocarburos no convencionales en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial y, básicamente, exigimos al estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras.
Como lo indica James Gustave Speth: “Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía y para hacer frente a estos necesitamos una transformación cultural y espiritual”.
La voz del pueblo
Desde el sector comunicacional, ¿cómo se trató la modificación de la Ley 7722?
En general, los medios comerciales reprodujeron acríticamente el discurso del Gobierno de Mendoza que apuntó a instalar la idea de que la megaminería genera una gran cantidad de empleo y si se instala, salvaría a la provincia de la pobreza. Pero además, a excepción de cuando el conflicto estaba culminando, evitaron referirse a la masividad de las movilizaciones, dándole la espalda a sus propias audiencias y/o lectores. Es por eso que me pregunto (y quizás la respuesta no la tengamos ahora) si los medios tradiciones y comerciales pueden seguir llamándose hegemónicos. ¿Serán hegemónicos si el pueblo (pensando en el alcance del término) elige otros canales para comunicar y para informarse sobre un hecho histórico?
Los medios comunitarios y los alternativos en cambio, ofrecieron una amplia cobertura de las manifestaciones callejeras que se multiplicaron por todos los departamentos mendocinos.
¿Qué rol creés que tomaron las redes sociales en la divulgación de la información?
Las redes sociales, tan cotidianas como el agua pura que se defendió junto a la ley 7722, jugaron un papel central en la convocatoria a las movilizaciones a lo largo y a lo ancho de Mendoza. El hashtag #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia fue tendencia nacional. Sin embargo la mayoría de la gente no usa Twitter y no hay que perder de vista que la restitución de la ley que prohíbe el cianuro -entre otras sustancias químicas en la minería- fue posible gracias a que las calles estuvieron repletas de gente con carteles y cantos con el reclamo concreto de la derogación de la norma que habilitó la megaminería. En los departamentos que quedan a 100 o 200 kilómetros del Gran Mendoza “el boca en boca” fue más poderoso que las redes.
¿Son las redes sociales formadores de opinión pública?
Creería que no para este caso. La opinión pública respecto del cuidado del agua y el no a la minería que la contamina, estuvo conformada por varios factores. Las luchas de las asambleas desde hace tantos años y la importancia de los oasis mendocinos fueron clave para que algunos conceptos respecto de la megaminería estuvieran tan firmes en el pueblo que salió a reclamar. El cianuro contamina el agua, es uno de ellos.
“Las redes sociales, tan cotidianas como el agua pura que se defendió junto a la ley 7722, jugaron un papel central en la convocatoria a las movilizaciones a lo largo y a lo ancho de Mendoza. El hashtag #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia fue tendencia nacional“.
¿El rol de los profesionales que utilizaron sus redes para dar información?
Hicieron uso del derecho a la libre expresión, en especial si en los medios en los que trabajan no pudieron dar su opinión. Pero creo que este fenómeno no tiene referentes ni líderes de opinión. Es horizontal, dinámico y heterogéneo.
La fuerza popular
(Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Centro Científico Tecnológico (CCT) Mendoza).
¿Cómo se fueron generando las movilizaciones en contra de los proyectos mineros?
Las movilizaciones en rechazo a los proyectos mineros metalíferos comenzaron en San Carlos, en contra de un proyecto que planificaba instalarse cerca de la Laguna del Diamante, un área protegida que es reserva hídrica. Vecinos y vecinas del Valle de Uco fueron informándose sobre la minería metalífera, y decidieron organizarse en asambleas de vecinos autoconvocados en San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
Realizaron diferentes actividades informando al resto de la población, y en 2005 el rechazo a la “megaminería” se expresó mediante masivas manifestaciones. Un año después comenzaron las movilizaciones en General Alvear, contra proyectos mineros metalíferos en el sur provincial. En San Rafael ya existía el rechazo a la reapertura de la mina de uranio Sierra Pintada.
Ante ello, la legislatura provincial comenzó a debatir proyectos de ley para limitar la minería metalífera y, en torno a estos debates legislativos, a fines de 2006 se generaron movilizaciones en la ciudad de Mendoza, naciendo la Asamblea por el Agua del Gran Mendoza. Estas diferentes organizaciones decidieron nuclearse en AMPAP: Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y esta coordinación, junto a otros actores, fue clave para la sanción, en 2007, de la ley 7722.
“ Mendoza generó una gran esperanza, fue el ejemplo de lo que puede lograr una sociedad organizada cuando reclama lo que considera justo”.
¿Cuáles son los motivos que llevó a la sociedad a manifestarse masivamente?
En un primer momento fue la preocupación por la contaminación del agua, debido a las sustancias que se utilizan en los procesos mineros metalíferos (como cianuro o ácido sulfúrico). A ello se fue sumando la indignación ante la falta de información brindada desde el gobierno, tanto a escala provincial como departamental.
Otro motivo fue la desconfianza en los controles ambientales sobre una actividad poco conocida en la provincia, percibida por muchos sectores de la sociedad mendocina como un gran riesgo para un recurso esencial: el agua. Se cuestiona también que la diversificación de la matriz productiva considere solamente apostar a la actividad minera a gran escala y no se evalúen otras alternativas posibles.
¿Qué asignaciones de valor le dio cada sector (poblacional) a la problemática?
La defensa del agua es el eje del rechazo a la megaminería. Desde las regiones productivas, la minería metalífera implica un riesgo para sus fuentes de agua, que son fuente de vida de la cual dependen las actividades agrícolas. Hay una identidad mendocina asociada al oasis que en las ciudades también está presente. Además, la falta de agua ya afecta a diversos barrios del Gran Mendoza y la percepción de que ante esta escasez se decidía avanzar con una actividad como la megaminería, dio lugar a la generalizada frase “el agua de Mendoza no se negocia”.
¿Cómo analiza el mundo lo ocurrido en Mendoza?
La provincia generó una gran esperanza, fue el ejemplo de lo que puede lograr una sociedad organizada, cuando reclama lo que considera justo, cuando decide poner freno, no sólo al poder empresarial, sino también al de sus representantes en los poderes Legislativo y Ejecutivo, cuando toman decisiones que no cuentan con el consenso de la población.
Mendoza, oasis en el que sobran alternativas para mejorar la matriz productiva. La industria del conocimiento, la energía solar y eólica, la agroecología, el turismo sustentable, se presentan como opciones para proteger el medio ambiente y son éstas las propuestas que los movimientos sociales sostienen y defienden.
Ingresá a la edición digital 172 para leerla igual que la revista impresa, haciendo click aquí.
